Pedro Isnardo de la Cruz y Juan Carlos Reyes
El 5 de noviembre de 2024 se asoma como el martes negro para México.
Sobre la dimensión geopolítica del martes negro.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca sería el peor escenario para nuestra soberanía.
La franca profundización de la desaceleración de la economía mexicana, la desestabilización del peso mexicano, la renegociación del T-MEC, la política de sujeción en materia de energía y petróleo y por supuesto, la constitucionalidad impulsada para reformar el Poder Judicial Federal, pueden ser parte de la presión del nuevo gobierno de Washington.
De modo que en los escenarios sombríos para la política mexicana no descartemos el recrudecimiento de deportaciones masivas de migrantes latinos en la frontera y, por supuesto, de consumarse la equivalencia de organizaciones narco criminales como terroristas por el sistema penal estadounidense.
Trump querrá imponer sus reglas para que la presidencia mexicana se doblegue a sus designios, a modo de gerencia tutelada por las prioridades estadounidenses, tal como con Ernesto Zedillo y Felipe Calderón cuando se zanjó la política de militarización del país.
Recordemos, por ejemplo, que al arribo de la Presidencia de Trump estaba por construirse una nueva planta de FORD en San Luis Potosí, que fue cancelada debido a las presiones del mandatario republicano con dicha empresa, lo que implicó la eliminación de mínimo 4 mil nuevas fuentes de trabajo e inversiones que ya estaban comprometidas.
Difícilmente el gobierno estadounidense con Trump nuevamente en el poder va a intervenir directamente en contra de las inversiones ya realizadas en territorio mexicano, ya que rompería los compromisos realizados dentro del TMEC; sin embargo, puede afectar a la industria a través de aranceles sobre los suministros de materias primas básicas llegadas principalmente de China.
En efecto, vienen inversiones fuertes para reforzar la industria automotriz ante la competitividad y arribo de la nueva generación de autos chinos hacia el continente americano.
Debido a este entorno, la transnacional china BYD está por confirmar la sede de la instalación de su primera planta automotriz en México, por lo que con Trump sería un escenario de conflictividad natural con el gobierno mexicano.
Hasta ahora este factor geopolítico, con una administración presidencial Harris pero sobre todo trumpiana, podría poner en predicamento el futuro de la 4T.
Sobre la dimensión interna del Martes Negro.
El martes 5 de noviembre del 2024 puede significar un escenario de gobernanza para la Presidencia de la Dra. Sheinbaum.
Ese escenario está estrechamente vinculado a su posición frente al desenlace en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo al proyecto que presentó el Ministro Juan Luis González Alcántara.
A nivel de medios de comunicación y para la mayoría de juristas y constitucionalistas del país, han visto el proyecto Alcántara como propio de un juzgador que entiende el momento de crisis, que asume la necesidad de sensatez entre los actores políticos del país y que comprende las posturas programáticas de la 4T.
El Ministro Juan Luis González Alcántara propone elegir por ahora solamente a los ministros de la Suprema Corte, a los integrantes de un nuevo Tribunal Sancionador y de responsabilidades graves y también a los integrantes del Tribunal Electoral Federal.
Es posible ver en el proyecto Alcántara no un regalo envenenado, sino una pretendida estrategia de negociación política entre la Presidencia de la República y la Suprema Corte.
Debemos insistir que para elegir juzgadores lo primero que debemos visualizar es el universo de asuntos, el inventario total de expedientes abiertos, hoy día, de todas las materias, en cada distrito judicial del país.
Podrán contribuir a que se diseñen indicadores de eficiencia y productividad por juzgador.
Un juzgador sólo puede tener un inventario -supongamos- de 500 expedientes vivos, vigentes, en curso.
Saturarlos con más expedientes haría ineficaz su tarea jurisdiccional.
Es lógico saber que en el Estado de México al existir mayor inventario de conflictos judiciales es necesario contar con más juzgadores, lo mismo en la Ciudad de México y así en el resto de los estados de la República, con mayor población e industrias y desarrollo económico.
Tratar de elegir tabla rasa a las y los juzgadores puede hacer inoperante el nuevo sistema.
La 4T debe evitar que el procedimiento electivo derive en riesgo para el prestigio del INE, además del inmenso presupuesto que implica imprimir boletas con 600 nombres, por definición, todas y todos desconocidos para los electores.
Persistir en un proceso con errores de diseño estructural en su implementación electoral, puede costar no sólo los 13 mil millones de pesos que solicita el INE para operar, sino un proceso de desprestigio para el régimen democrático ante los ojos del mundo.
Es importante que asumamos que la 4T tiene todo el derecho de proponer y operar cambios profundos en la administración pública, tiene el derecho de cambiar la Constitución, documento modificado más de 700 veces y aún perfectible: la 4T tiene el derecho de cuestionar a Montesquieu, a Jay, Madison y a Hamilton, a Guillermo Prieto y a Carranza, a Emilio Rabasa y a Jorge Carpizo, al final la doctrina jurídica es dogma, es cuestionable y corregible.
Pero lo que puede complicar el paso a la 4T es reformar el poder judicial sin tomar en cuenta la opinión de los de adentro, de quienes se dedican a esa tarea estratégica.
La supremacía política no debe ejercerse con impericia en el manejo de los medios y los fines de la nueva reforma que impulsó el ex Presidente López Obrador.
Diversas voces expertas han subrayado las implicaciones de la nueva reforma constitucional, al señalar que pueden ser gravosas para la economía exportadora, los fundamentales de la economía, el tipo de cambio, la calificación de nuestra deuda, la compactación de fuentes de financiación, la expansión de fuga de divisas, la disminución de remesas y rompimientos en el entendimiento necesario con la Unión Americana.
En caso de que el proyecto Alcántara sea votado mayoritariamente por los 8 ministros entre el martes 5 y el 7 de noviembre, la Presidencia de la Dra. Sheinbaum puede persistir en no acatar el veredicto de la Corte, y en su lugar, ofrecerse así misma una salida política excepcional a la crisis constitucional que se ha pretendido endosarle, a ella y a la 4T.
Así, el carácter inédito de su decisión política se orientaría a que la reforma constitucional de mentoría lopezobradorista se actualice consolidándose dentro del nuevo sistema de gobernabilidad y sobre todo de las expectativas convergentes de Estado de Derecho y Estado de Derecho Global en el que México ha de estar inscrito.
Así podrá direccionar sus mayorías legislativas a que se realicen enmiendas de implementación que han sido observadas por sus propios abogados de la Presidencia y líderes legislativos federales, hacia un sistema de gestión de gobernanza de la ley y de garantismo de los derechos humanos y laborales, para quienes han decidido no avenir sus carreras judiciales al nuevo modelo, a efecto de afianzar la eficacia, probidad y viabilidad de la nueva reforma del poder judicial constitucional.
Pedro Isnardo De la Cruz es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor en la UNAM. Publicó en 2017 Decisiones estratégicas presidenciales en EUA: El aprovechamiento de la ocasión en crisis de Seguridad nacional y Terrorismo. George W. Bush y Barack Obama (2001-2012).
Juan Carlos Reyes Torres es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM y profesor de Teoría del Estado.
Coautores de Para entender la 4T (2019), con el sello editorial de Stonehenge México.