Por Leopoldo González
La acusación de Estados Unidos contra el ahora exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no es un misil: es una bomba de gran tamaño que más temprano que tarde conducirá a la pulverización de Morena en el poder.
Los nexos criminales del obradorismo con el Cartel de Sinaloa; el escándalo del huachicol fiscal que suma más de seis mil millones de pesos y embarra a casi todo el grupo en el poder; la producción y tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia los Estados Unidos, en el que los vínculos criminales de Morena son más que claros; la corrupción y el saqueo de las finanzas públicas en los estados que gobierna ese partido y, por último, los negocios sucios entre los políticos del partido gobernante y sus empresas, son temas que conocen a la perfección las fiscalías de Nueva York y que van a derivar en nuevas investigaciones y en otras solicitudes de extradición.
Si la 4T fuese todo lo limpia, ética, inmaculada y celestial que dice ser, ya tendría en el banquillo a varios gobernadores de su color y a casi todo el gabinete pasado y al actual, pero lo suyo no es perseguir ni enjuiciar a los de casa, por lacras que sean o parezcan, sino perseguir y denostar a los de enfrente.
Si Morena y la 4T no hacen desde el gobierno su trabajo ni cumplen con la ley, lo cual crea una espesa nube de sospechosismo, eso explica que la justicia estadounidense -para bien o para mal- venga a hacer la chamba que la burocracia política morenista no quiere, no sabe o no le conviene hacer.
El caso del acusado y de los nueve coacusados de Sinaloa, es apenas el inicio de una serie de pesquisas, operativos e investigaciones que podrían dar vida a una larga serie de Netflix. Fue como correr la tapa metálica de una alcantarilla, para, acto seguido, extraer de su interior el sarro, las costras y cochambres que el obradorismo acumuló en casi tres décadas de vida política, pues sus pactos con el “malamén” sinaloense vienen de los años en que dirigió al PRD.
La dimensión y las consecuencias del escándalo que hoy sepulta a Morena son de tal magnitud, que hasta podría decirse que ese partido está viviendo la peor semana de su historia, aderezada con el retiro de la visa a Luisa María Alcalde y el congelamiento de diversas cuentas a políticos de esa línea.
Cierto, no todo en Morena y la 4T es mancha de impurezas o signo de lo contradictorio, pues hay ahí militantes y políticos que valen la pena por su talento, su honorabilidad y decencia, aunque se pueden contar del uno al número cinco.
Dos constantes han marcado el comportamiento de Morena en estos años: la defensa impertérrita de sus funcionarios y cómplices, al margen de las incongruencias y los latrocinios que hayan cometido, y haberse vuelto refugio y escudo de hampones y expresiones delincuenciales que han oscurecido la atmósfera de nuestra vida pública.
El caso de Rubén Rocha Moya, un modesto profesor normalista que antes de ser gobernador ya se movía en un Mercedes Benz, ilustra muy bien la reflexión anterior: ha contado y cuenta, sin investidura oficial, con blindajes criminales y el cobijo de la mafiocracia mexicana, mientras miles de familias mexicanas arrastran el dolor del desplazamiento, el de haber sufrido la desaparición de un hijo o el de lamentar el asesinato de alguno de sus seres queridos. Esto es el colmo.
La siguiente cuestión es también grave: mientras el partido gobernante no acierta a encontrar la estrategia de control de crisis más eficaz, ni se halla ni da pie con bola, ante el escándalo detonado en Nueva York, la pobre estrategia que se le ocurre -contraproducente, por cierto- es hacer de la opinión pública el paredón de fusilamiento de Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua que sí combate la producción de fentanilo en su Estado.
El gobierno mexicano, en voz de la inquilina de Palacio, habla de justicia en este caso. Lo curioso es que no es Morena, sino la fiscalía del distrito sur de NY la que le está haciendo justicia a los sinaloenses y a los mexicanos, ante la embestida del CO proveniente de Sinaloa.
El grupo gobernante habla, también, de soberanía y de no intervención: de un concepto de soberanía mal entendido y de una intervención que no lo es, porque se basa en los criterios de colaboración y coordinación del derecho internacional.
Ciertos políticos que no saben, o que saben poco, suelen hacerse bolas con algunos conceptos bien elaborados y complejos de la diplomacia y el derecho internacional.
La soberanía, de entrada, no es un concepto rinconero ni defensivo en el mundo multilateral de hoy.
La soberanía es un mecanismo y un principio jurídico que establece la inmunidad y la protección jurídica del Estado y los estados, pero no puede ni debe invocarse como escudo o mecanismo de protección al servicio de rufianes o criminales. Esto es, la soberanía no es retórica ideológica sino uno de los principios más elevados del derecho internacional.
Pisapapeles
Ahí donde ha habido narcoelecciones, hay narcogobiernos: Estados Unidos lo sabe, y lo sabe muy bien.
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