Autor: Dr. Alejandro Guzmán Mora.
Crece la presión para silenciar las voces críticas
Un clima de creciente intolerancia hacia la crítica se está enquistando en diversas esferas del poder, donde las voces disidentes, ya sea en el periodismo, la academia o la sociedad civil, enfrentan una presión cada vez mayor que busca limitar la libertad de expresión. Aunque el discurso oficial defiende la apertura al debate, los hechos revelan una realidad en la que, desde distintos frentes, se promueven medidas y se crean ambientes hostiles que fomentan la autocensura y castigan el pensamiento crítico.
Periodistas y editores bajo asedio. Si bien el despido de editores por artículos polémicos ha tenido casos emblemáticos en el pasado, como el de Carmen Aristegui, la presión sobre la prensa ha mutado hacia formas más sutiles pero igualmente efectivas. El acoso judicial se ha convertido en una de las herramientas predilectas para amedrentar a los comunicadores. La organización Artículo 19 reportó un alarmante incremento del 142% en el acoso judicial contra periodistas en 2025, el año con más casos registrados.
Un ejemplo claro de esta «prohibición» de escribir sobre ciertos temas es la orden de censura emitida por un tribunal en julio de 2025 contra el periodista y editor Jorge Luis González Valdez y el periódico Tribuna por sus reportajes críticos. De manera similar, el periodista Héctor de Mauleón fue objeto de medidas cautelares por parte del Tribunal Electoral de Tamaulipas para impedir que mencionara a una candidata a magistrada en relación con presuntos actos delictivos, una medida que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó como un intento de censurar y criminalizar el trabajo periodístico.
La academia: entre el hostigamiento y la precariedad. El ámbito académico no ha sido ajeno a estas presiones. Investigadores del programa «Investigadores por México» han denunciado despidos injustificados y un ambiente de acoso y discriminación. Aunque no se han documentado casos específicos de despidos por la circulación de un solo estudio revisado por pares, la situación de vulnerabilidad y la falta de certeza laboral para aquellos con líneas de investigación críticas al poder es palpable. En mayo de 2025, 40 de estos investigadores demandaron a la Secretaría de Ciencia por despidos injustificados, describiendo un entorno hostil que obstaculiza su labor.
En el plano educativo, si bien no se han reportado investigaciones a profesores por citar obras literarias específicas en clase, la polémica generada en 2023 por los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP, acusados por algunos sectores de tener errores y un sesgo ideológico, puso de manifiesto la tensión que existe en torno a los contenidos educativos y la libertad de cátedra. Expertos advirtieron sobre los riesgos para los maestros de ser responsabilizados por las deficiencias en los materiales.
El debate público cancelado: libros y organizaciones en la mira. Aunque en años recientes no se ha dado el retiro de libros por «falta de autenticidad» a nivel institucional como en épocas pasadas de censura explícita, la controversia por los libros de texto mencionados anteriormente puede interpretarse como una forma de cuestionar la legitimidad del conocimiento presentado.
Por otro lado, si bien no se han registrado casos de directores de organizaciones expulsados por «errores torpes», sí existen mecanismos de presión. En 2021, una reforma al Código Penal de la Ciudad de México equiparó a los directores de asociaciones civiles con servidores públicos en el delito de corrupción, una medida que diversas organizaciones de la sociedad civil condenaron por considerarla una forma de criminalización y una amenaza a su independencia.
El doble discurso: Mientras el Gobierno de México reitera en sus comunicados oficiales que «garantiza la libertad de expresión para que ninguna persona sea reprimida o censurada», los informes de organizaciones de derechos humanos pintan un panorama distinto. El informe sexenal de Artículo 19 señaló un incremento del 62.13% en las agresiones contra la prensa en comparación con el sexenio anterior.
Reflexionemos…. el escenario describe, una política que busca activamente silenciar la opinión crítica, se manifiesta no a través de un decreto autoritario y monolítico, sino mediante una serie de acciones y omisiones en distintos niveles: leyes ambiguas que se prestan a la censura, el uso del aparato judicial para intimidar, el debilitamiento de la comunidad científica y académica, y un discurso que,
si bien enarbola la bandera de la libertad, en la práctica estigmatiza y descalifica a quienes disienten. La «mordaza» no siempre es visible, pero sus efectos son cada vez más palpables en la salud de un debate público y de la democracia.