José Juan Marín
Las campañas electorales han arrancado formalmente a escala federal y, con ello, las tensiones entre partidos y militantes se elevan en un entorno de polarización social que se ha sostenido en niveles muy altos durante los últimos años.
Ello constituye un ambiente propicio para la profundización de dos pautas características del estado actual de nuestra democracia; la primera, el desencanto de las juventudes con el sistema democrático, la segunda, la violencia política contra candidatas, candidatos y funcionarios públicos, en un marco de violencia en algunas zonas del país, agravado por una alta crispación social y por el creciente control territorial de grupos del crimen organizado.
Integralia prevé que 2024 será el año con más casos de violencia política.
En un ejercicio de cruce de fuentes periodísticas, los casos de los últimos días sumados a los ocurridos en las semanas previas son más de 20 aspirantes a cargos de elección popular asesinados en lo que va de 2024.
Lo anterior, es la razón por la cual en las actuales campañas enmarcadas en los procesos electorales y quienes pretenden dirigirse a la comunidad, deben recurrir a los principios de la Cultura de la Paz y dejar de lado las retóricas que conllevan el doble mensaje: mientras los mensajes sean la denostación, las venganzas, alterar el estado de derecho, fomentar la corrupción, el ajuste histórico de cuentas pendientes, utilizar el poder para enfrentar a las personas o grupos sociales y luchas por ganar a costa de lo que sea, serán las plataformas y acciones inevitables que traigan consigo una población más estresada, deprimida y con altos grados de estrés.
Haber escuchado discursos violentos de las campañas electorales, así como los reportajes terroríficos de algunos medios informativos, toda esta sumatoria termina por impactarnos, nos fulminan las estadísticas de fatalidades, en su conjunto, actúan como bombardeo inmisericorde de mensajes de desaliento, y si añadimos la falta de programas que estimulen estrategias emocionales, problemas económicos y un contexto de estrés, el todo se tornan como elementos detonantes de consecuencias psicológicas, que pudieran llegar inevitablemente a graves problemas de somatización, cabida a enfermedades o trastornos psicológicos, en una menor o mayor gradación.
Ante ello todo acto que vulnere la participación democrática es un atentado directo contra nuestra democracia, entendida ésta como una mediación indispensable para la construcción de sociedades dignas. Los desoladores sucesos de violencia que hemos conocido los últimos días deben motivar una acción urgente y coordinada de todas las autoridades.
Asimismo, como ciudadanía, es imperativo permanecer atentos y sumarnos activamente para establecer, en nuestros respectivos ámbitos de acción y alcances, condiciones propicias para el sano desarrollo de un proceso electoral tan importante como este.