Por: Prometeo
- Inician las campañas de los candidatos para la renovación del poder judicial
- Amparos y protestas para derogar las reformas en la Universidad Michoacana
La renovación del poder judicial es un acontecimiento inédito en nuestro país, porque a través de un procedimiento cuestionado busca cambiar a los funcionarios, que por el gran tiempo que tienen en estas actividades judiciales, ya muchos cargan con el descredito de la corrupción y el nepotismo, por lo que una renovación, sea como sea, refieren los reformistas, será de beneficio para limpiar de estos males al poder judicial.
Los requisitos y el perfil que se les exigió a los aspirantes a ser los nuevos mandos del poder judicial, se supone fueron rigurosos, aunque en la llamada tómbola de preselección se suscitaron problemas y quejas de quienes no fueron seleccionados para pasar al siguiente proceso de elección.
El problema es que desde la perspectiva de los modelos clásicos y las instancias internacionales que buscan mantener ese modelo de la funcionalidad del poder judicial, como lo ha entendido nuestro país vecino y sus exigencias hacia México, así como los resultados en Bolivia de un poder judicial como el que se pretende no han dado los resultados esperados.
La oposición que realizaron los partidos políticos, sobre todo el PRI y el PAN para la realización de estas reformas constitucionales, al defender el sustento de este poder en su forma tradicional, le han dado el tinte de una competencia política partidaria, en que Morena y la 4t al amparo de su triunfo y el control que tiene ya en el poder legislativo busca imponer su propia visión en el poder judicial, y bajo sus propios esquemas electorales.
Ayer iniciaron formalmente las campañas de los candidatos para los cargos en la renovación del poder judicial federal cuyas votaciones serán en junio. El desconocimiento del procedimiento, así como de la gran cantidad de candidatos que participarán y estarán presentes en las boletas electorales, además de que no se darán a conocer de inmediato los resultados, han despertado, hasta ahora, poco interés entre la ciudadanía para asistir a votar.
Sin embargo, no se trata de cualquier cosa elegir 9 ministros, 5 magistrados del tribunal de disciplina judicial, 5 magistrados del tribunal de disciplina judicial, 2 magistrados para la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 para las salas regionales, 464 magistrados de circuito en las diversas materias y 386 jueces de distrito, en que participan una buena cantidad de candidatos a cada cargo y que tienen que aparecer en las boletas.
Será muy difícil conocer los perfiles de los candidatos que estarán en las boletas para los distintos cargos para la renovación del poder judicial, por lo que los 60 días de que disponen los candidatos para realizar sus campañas y convencer a los cerca de 100 millones de electores que aparecen en la lista nominal del país, es una tarea nada fácil sobre todo por las grandes limitaciones financieras y restricciones que les ha impuesto el INE.
Los topes de recursos para la campaña de los candidatos están muy limitados y no podrán pagar propaganda, pegar lonas ni regalar playeras, gorras y otras cosas que se dan en las campañas, ni realizar acarreos y movilizaciones. La difusión de propaganda electoral solo será impresa en papel para uso reciclable y con materiales biodegradables.
Existe la posibilidad de realizar foros de debate entre candidatos que compiten por el mismo cargo, siempre y cuando participen en al menos el 50% de ellos y a invitación de los sectores público, privado o social, que garanticen condiciones de equidad, y desde luego para exponer y confrontar sus propuestas y que sea un ejercicio democrático en que los electores tengan información para decidir su voto.
La información y propaganda motivacional correrá a cargo del INE que dará a conocer otros pormenores del proceso y los lugares donde se ubicaran las casillas. Este ejercicio donde el pueblo decide los cambios en bien del poder judicial hay que apoyarlo en tanto como dicen los abogados no haya pruebas que demuestren lo contrario.
La marcha de la semana pasada que abanderó el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás, en unidad con el Sindicato de Empleados de la misma (SUEUM), y con el apoyo de otros sindicatos de educación de Michoacán, para derogar las modificaciones y la aprobación que hace el Congreso del Estado con las reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, marcan una nueva etapa en la defensa de los Nicolaitas por sus derechos y prerrogativas alcanzadas durante su lucha sindical.
También represente la fuerza con que inicia el nuevo dirigente del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana(SPUM), Ramiro Silva Orozco, como producto de una elección democrática, y que ha logrado la unificación de las principales corrientes y grupos de docentes en una Universidad cuya historia ha sido cuna de grandes movimientos y cambios sociales y que ahora retoma las banderas del nicolaicismo en una lucha de reivindicación sindical.
Si bien existen cambios que benefician a los Nicoliatas en las reformas a la ley orgánica de la Universidad Michoacana, lo central es que no se hizo una consulta real a la comunidad Nicolaita para realizar esas reformas, con lo cual se viola la normatividad establecida para los cambios de tales dimensiones, ya que de manera un tanto amañada suponen los conocedores en la materia no se trató de una reforma, sino de una nueva Ley.
Se tiene que analizar y considerar en el marco legal y normativo este asunto, ya que no es lo mismo y se tienen que cubrir procedimientos distintos. El soporte legal en los artículos 143 de la Constitución del Estado de Michoacán, el artículo 124 Constitucional de la República Mexicana, las disposiciones que establecen las nuevas reformas laborales, y de pensiones y jubilaciones en el artículo 28 y 29 que ahora corresponde en la nueva ley al artículo 43 deben ser aspectos centrales a considerar en estas reformas o implicaciones que rebasan las atribuciones del gobierno estatal.
Dos mil 624 amparos entregan sindicalizados de la Universidad Michoacana en contra de la reforma a la Ley Orgánica al Poder Judicial de la Federación. Se espera que se tenga la respuesta pertinente, en tanto el líder del SPUM ha invitado tanto a la Rectora, al Gobernador y a los legisladores a que asuman el diálogo y se dé marcha atrás a la aprobación, para reestablecer el procedimiento en los términos de respeto a la consulta y acuerdos con la comunidad Nicolaita.
Se trató de una imposición amañada que hace la Rectora Yarabí Ávila, con el apoyo del Gobernador, para que el Congreso del Estado la apruebe bajo una aplastante mayoría, en la que solo el diputado Juan Carlos Barragán Vélez, se opuso a dicha imposición. Lo cierto es que han despertado a los Nicolaitas en su lucha social y las implicaciones trascenderán en estos momentos de grandes cambios y transformaciones que tiene la construcción del 2º piso de la 4T. Así que estaremos atentos de los sucesos de esta lucha.
