ESPIRAL
Por: Prometeo
- La Comisión Estatal de Derechos Humanos busca a su Presidente, en condiciones que no inclinen la balanza desde ahora para decidir al próximo candidato de Morena para Gobernador de Michoacán.
- El Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, presenta su renuncia
La decisión que asuma el Congreso del Estado de Michoacán para nombrar al próximo Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pudiera ser un indicador que incline la balanza sobre quien tiene mayores posibilidades de ser el próximo gobernador o gobernadora de Michoacán.
Los compromisos de los partidos políticos al favorecer a algunas de sus gentes, estaría marcando pautas sobre los acuerdos de los diputados de Morena y sus aliados, al elegir a un Presidente de la CEDH con el peso de quienes lo impulsen, lo cual pudiera crear problemas anticipados en la unidad que requiere Morena para realizar un proceso de elección gubernamental sin problemas graves de fracturas que pudieran minar sus fortalezas.
Entre los 11 aspirantes se tendría que revisar muy bien el mejor perfil, tanto por su formación académica, experiencia profesional, y desde luego que no esté vinculado con un grupo particular de un partido político, ya que la CEDH requiere una independencia y autonomía que le permita una fuerte vinculación con el poder legislativo, ejecutivo y judicial, pero desde luego sin que se encuentre atado a decisiones que no le permitan efectuar sus funciones sustantivas en la defensa de los derechos humanos de los michoacanos.
En la recta final luego de la presentación de su propuesta de su plan de trabajo, luego de tres horas de retraso para iniciar las comparecencias la semana pasada, de los 11 aspirantes a la titularidad de la CEDH, y el ausentismo de diputados para la reunión conjunta de las Comisiones legislativas de Derechos Humanos y de justicia, entre los aspirantes que participan en este proceso, los medios de comunicación refieren como perfiles importantes a Ricardo Villagómez Villafuerte, Josué Mejía Pineda y Bárbara Ramírez Pedraza.
El aspirante a Doctor en Ciencias Jurídicas, Ricardo Villagómez Villafuerte Maestro en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, que por su perfil Nicolaita también está considerado entre los posibles aspirantes a la Rectoría, en su presentación ubicó la perspectiva contemporánea internacional de los derechos humanos, así como la cultura de la legalidad y de vinculación para la capacitación con instituciones a efecto de evitar en lo posible violaciones a los derechos humanos, y planteo su proyecto de fortalecimiento y respuesta institucional.
Ricardo Villagómez Villafuerte resumió en 5 ejes fundamentales su propuesta de trabajo: Transparencia y rendición de cuentas, Políticas públicas de equidad, paridad e inclusión, Convenios y capacitación constante con las diversas autoridades, Ampliación de la participación y respeto a los diversos grupos sociales en situación de vulnerabilidad y Propuestas técnicas académicas.
Acorde a la visión institucional como actual como Presidente de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Josué Mejía Pineda, señala que la razón de ser de la CEDH son precisamente las víctimas.
Josué refiere que no es posible tener violentadores de los derechos humanos en cargos públicos, y que por lo tanto deben irse. Estableció que las violaciones a los derechos humanos son también delitos penales y que deben ser considerados y castigados como tales. Pretende dejar la Comisión de Atención a Víctimas que obtuvo con el apoyo del Partido Verde Ecologista, para ser ahora el nuevo Presidente de la CEDH.
Por su parte Bárbara Ramírez Pedraza, Subsecretaria de la Mujer en Michoacán, planteo en su intervención una perspectiva de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, considerando la violencia en contra de ellas, la criminalización de la juventud y la discriminación contra los pueblos originarios, como versiones de las fallas estructurales de la sociedad, y que los tiempos de las mujeres son el parteaguas que exigen la atención a la equidad de género.
Adrián López Solís, presenta su renuncia a la Fiscalía General del Estado, con efecto a partir del 20 de agosto próximo, para atender la entrega recepción y que el Congreso del Estado nombre al nuevo Fiscal entre una terna que proponga el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y que comentan los conocedores seguramente sería para el actual Secretario de Gobierno Carlos Torres Piña.
El asunto es que el apoyo en esa decisión puede ser uno más de los indicadores sobre quien pudiera ser el próximo Gobernador de Michoacán, ya que deja fuera a las demás fuerzas políticas internas de Morena, en relación a mejores condiciones de acuerdos para quien represente como candidato a este partido politico para el próximo proceso electoral del 2027.
Así también la posible llegada a la Secretaria General de Gobierno de Antonio Soto Sánchez es un asunto que tendrá que resolver o no el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y se entiende que va en la línea de fortalecer su equipo de trabajo con quien pueda darle mejores resultados en el quehacer gubernamental.
Las mujeres buscan crear condiciones favorables que les permitan espacios en la Fiscalía General del Estado, o bien en la Secretaría de Gobierno y desde luego para la gubernatura de Michoacán, como en el caso de la diputada Giulianna Bugarini que desde el mismo Congreso del Estado compite con Fabiola Alanís para tener una mayor presencia y capacidad política rumbo a sus aspiraciones politicas.
La naturaleza del trabajo que desempeña la Fiscalía General del Estado que es muy sensible y demandante en la procuración de justicia, por lo que debieron ser de mucho peso las razones por las cuales Adrián López Solís renuncia a su cargo al que fue designado en febrero del 2019, en el que tiene más de 6 años en el cargo, de los 9 años que el 23 de febrero del 2028 debiera cumplir.
La dinámica que vive Michoacán y la necesidad de buscar nuevas estrategias y resultados, deben ser tomados y analizados por el Congreso del Estado, que debe ser muy responsable en cuanto a los nombramientos en ciernes, para que existan condiciones que le permitan a Morena y sus aliados resolver el problema de la sucesión gubernamental en condiciones favorables.