Pedro Isnardo de la Cruz y Juan Carlos Reyes
Columnistas del Periódico El Universal
«No tomar posición no nos mantiene a salvo. Nos priva de la libertad».
Roberto Saviano, en memoria de Falcone y Borsellino.
Durante décadas se ha estado incubando en los grupos fácticos cierta dosis de conciencia social.
En el fondo, también son víctimas del fracaso del modelo económico que genera desigualdad y falta de oportunidades.
En la 4T se privilegió reconocer esta condición para arribar hacia un estado de distensión y disminución de la violencia.
Se previó que mediante acciones disuasorias y no de confrontación directa, habría de alcanzarse un suelo de paz y más justo.
La realidad señala lo contrario y el fracaso de la política pública de seguridad.
Testimoniamos un momento histórico nacional de una especie de guerra civil en el que cada vez más personas y familias inocentes y territorios mexicanos, son cada vez más presas en sus vidas, economías y libertades, de una opresión violenta, sangrienta y desalmada.
Un escenario en el que las fuerzas del gobierno, han fortalecido su capacidad de despliegue, de centralización y de presencia en diversos asuntos de la vida nacional, pero en seguridad pública actúan a su mínima expresión.
Se trata de un fenómeno superior del capitalismo mundial asociado al consumo de las drogas ilegales y a la fragilidad del Estado y sus instituciones para garantizar el control y la conducción de la violencia criminal: el narco terrorismo.
Es una concepción que implica un fenómeno internacional “complejo de tráfico ilegal de drogas, múltiples manifestaciones de violencia y poder que amenazan la democracia, la paz y la salud pública y el Estado de Derecho” (Hartelius, Jonas Narcoterrorism, EastWest y Swedish Carnegie Institute, Police Paper, 2008), incubado en transacciones ilegales de miles de millones de dólares, con mayor autonomía, capacidad armamentística y fuerza paramilitar que organizaciones guerrilleras y cárteles de drogas tradicionales, y que -como en los casos de Afganistán y Colombia-, se les ha querido asociar a “Estados fallidos”.
En el caso de Afganistán, la dominación del gobierno talibán es ahora un símbolo de la crisis de modelos de colonialismo occidental y en el caso de Colombia, la llegada del Presidente Petro y el perfil de su gabinete de seguridad, ofrece un compás histórico para atender los problemas estructurales de las desigualdades sociales y las fuentes de violencia asociadas al crimen organizado, la guerrilla y el narcotráfico.
Lo propio de nuestro país cercano al fenómeno del narcoterror, sugiere la combinación de estrategias de desplazamiento de las instituciones públicas: vía el afianzamiento de las organizaciones del comercio ilegal de drogas (donde el narcomenudeo, el cobro de derecho de piso y el control del comercio de bienes, servicios y negocios múltiples -impune y sin respuesta gubernamental-, se inserta en la disputa frontal y proclamada ante los ojos del país y del mundo, generan más zozobra y pánico social en la dominación de territorios, economías locales, defensa/protección de sus liderazgos sicarios, proceso combinado con sus capacidades para construir arraigo, complicidad y consenso a sus objetivos, al otorgar asistencialmente beneficios sociales (en especie, en efectivo y de manera duradera) a familias y comunidades diversas.
Nos encontramos en un momento crucial en donde debe rehacerse a fondo sobre la marcha la estrategia, sobre todo porque la experiencia internacional del narco terror como señala el estudio de Jonas Hartelius, muestra que puede tener origen tanto en decisiones políticas de los propios gobernantes combinado con la capacidad de fuego y de pánico social que pueden demostrar las propias organizaciones del narco.
Así, la expansión de episodios de narco terror y relevo del Estado en territorios, economías y capacidad de garantizar presencia gubernamental, nos conduce ya a varios escenarios siniestros y lamentables:
La erosión de la capacidad de la institución presidencial para preservar la tranquilidad social y la estabilidad del país; la confirmación de que la Guardia Nacional no debe ser absorbida por la Secretaría de la Defensa Nacional sino bajo mandos civiles.
Así también la necesidad de tomar medidas de apremio para defender el Estado de Derecho y la importancia de generar un proceso de pacificación nacional, en lo que resta del mandato presidencial y con agenda conciliada con quién asumirá el poder en el siguiente sexenio -con especialistas, poderes públicos y organizaciones civiles-, para recuperar la eficacia de un proceso nacional, de pacificación nacional.
La planeación y las reflexiones deben hacerse al mismo tiempo que se atiende la emergencia de las violencias, la criminalidad y la expansión cotidiana del narcopoder.
- Tenemos que solicitar cooperación internacional de naciones más avanzadas en el tema, la Gran Bretaña, Francia, España, Estados Unidos de América e Italia.
- Es la ciencia, la técnica, la experiencia probada los sustentos de la ruta a seguir. Sin duda se debe adiestrar grupos de élite -de inmediato- para contar con fuerza de reacción. Al mismo tiempo redefinir líneas de acción del gobierno y las instituciones.
- El problema central es la falta de entendimiento preciso de los objetivos y la ponderación de éstos: el combate a la impunidad; la construcción de una cultura de paz y la distensión de la violencia serán posibles a mediano plazo.
- Para atender realmente el problema, resulta estratégico que haya respuestas de Estado:
– Enviar al Congreso una iniciativa de reformas legales para ampliar las facultades y atribuciones de la Fiscalía General de la República. El problema a enfrentar es el del afianzamiento del Estado de Derecho, indispensable para la inversión, el crecimiento y el bienestar.
– La Fiscalía debe investigar la comisión de los delitos federales de narco terrorismo, asociación organizada de disrupción social, acciones de inestabilidad social.
– La Fiscalía debe contar con todos los instrumentos técnicos, sistémicos y de inteligencia para lograr su objetivo.
– Constituir la policía federal ministerial dotada de atribuciones de investigación del delito, de ejecución de órdenes de aprehensión, acción coactiva infraganti, inmediata, entre otras. Deberá ser un cuerpo amplio, especializado, compuesto por abogados adiestrados en diversas herramientas tácticas y técnicas.
– Fortalecer el Centro Nacional de Inteligencia con las tecnologías más avanzadas y el personal más capacitado y asegurado, dotado de un servicio civil de carrera sólido.
– Las Comisiones de Hacienda y de Programación y Presupuesto -de la H. Cámara de Diputados del Congreso Federal-, deberá elaborar los ajustes necesarios, inmediatos, a las leyes de seguridad, presupuesto y gasto públicos, orgánica de la administración pública federal, para readecuar la estrategia nacional de seguridad.
– El CNI debe salir de la Secretaría de Seguridad Pública para convertirse en un órgano constitucional autónomo, sectorizado presupuestalmente a la Secretaría de Gobernación.
– El CNI debe suscribir convenios con las Agencias americanas para la formación profesional de sus recursos humanos e intercambio institucional de información regional.
La presión internacional hacia el Estado mexicano no va a menguar, es necesario actuar.
Se debe reconocer las deficiencias y actuar en consecuencia para alcanzar soluciones.
Las fuerzas políticas y la institución castrense habrán de entenderlo y corregirlo de inmediato. Sin seguridad, función esencial del Estado de Derecho, no hay convivencia democrática ni paz social.