Civilizar a los militares

RICARDO RAPHAEL

COLUMNISTA DEl PERIÓDICO “REFORMA”

No se trata solo de entregar indefinidamente la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. La agenda política que preocupa va más allá y tiene que ver con el conjunto de decisiones que están colocando al poder militar sobre el poder civil.

 

Esta tendencia creciente y hasta ahora imparable fractura las fronteras democráticas que la Constitución mexicana define como centrales para la República mexicana. En concreto, la subordinación del poder militar al poder civil y la separación precisa entre los ámbitos que a cada cual corresponden.

 

Esta tendencia no comenzó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde que dio inicio este siglo, cada vez que la agenda política de la cúpula militar compite con las instituciones civiles el resultado es el mismo: las Fuerzas Armadas ganan y el poder civil pierde.

 

Sin embargo, ningún presidente de México, desde la época de la Segunda Guerra Mundial, había cedido tanto frente a las pretensiones castrenses, ni afectado de una manera tan profunda la relación futura entre las Fuerzas Armadas y las instituciones de la nación.

 

Con sus iniciativas, López Obrador está invadiendo las facultades, no solo de la persona que vaya a sucederlo en el cargo presidencial, sino también de los demás poderes civiles de la República.

 

Este es un punto de quiebre definitivo para quienes defendemos la democracia. En este régimen las instituciones militares deben estar bajo control civil y no a la inversa. No hay ambigüedad posible. Así como la Iglesia y el Estado deben estar separados y la segunda subordinada al primero, el Ejército debe estar separado de las instituciones civiles y subordinado a las segundas.

 

No es un tema ideológico entre izquierda o derecha o entre conservadores y liberales. La democracia requiere que el poder militar no usurpe funciones del poder civil. El autoritarismo, en cambio, se caracteriza por la primacía de las Fuerzas Armadas sobre el resto de las instituciones de la sociedad.

 

No sorprende que países como China, Rusia, Turquía, Cuba o Venezuela, donde los derechos de las personas son frágiles y estrechos, compartan coincidentemente una excesiva intervención militar sobre la vida pública.

 

En sentido inverso, las naciones donde la libertad ciudadana es un valor fundacional el papel de las Fuerzas Armadas se concentra en la muy importante, pero a la vez acotada misión de defender la paz, la soberanía y la integridad de las naciones.

 

Un rasgo de esas democracias es que el mando sobre las instituciones militares suele recaer en personas del ámbito civil. En efecto, la persona que ocupa la titularidad de la secretaría o el ministerio de la defensa no es un militar.

 

Un buen ejemplo de ello es la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sin duda la alianza militar más grande del planeta. La OTAN coordina sus esfuerzos a través de las personas titulares de los ministerios o secretarías de la defensa de 30 países.

 

Veintiocho de esas naciones cuentan con titular civil. Son excepción los Estados Unidos cuyo secretario de defensa, Lloyd Austin, es un militar en retiro y Turquía que tiene como ministro al general en activo, Hulusi Akar. Cabe decir que, a diferencia de la nación turca, los Estados Unidos ha contado casi siempre con secretarios provenientes del ámbito civil.

 

Es también relevante señalar que, entre los países integrantes de la OTAN, casi un tercio cuentan con secretarias de defensa mujeres. Este es el caso en la actualidad de Canadá, República Checa, Alemania, Islandia, Holanda, Macedonia, Portugal y España.

 

Que el mando militar esté subordinado a un funcionario civil es la tendencia general de las democracias y que éste sea mujer ayuda a confirmar la convicción política a favor de la igualdad y las libertades.

 

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), integrado por 15 países, sirve también para ilustrar el punto. Nueve de las 15 naciones que actualmente se sientan en esa mesa cuentan con personas responsables de la defensa provenientes del ámbito civil. A estos se suman dos más que en realidad son militares en retiro, nuevamente Lloyd Austin de los Estados Unidos y Bashir Salihi Magashi de Nigeria.

 

Únicamente cuatro de las naciones integrantes del Consejo tienen a personas militares como titular de las Fuerzas Armadas: China, Rusia, Vietnam y México.

Otra comparación pertinente la ofrecen los países latinoamericanos cuyo coqueteo histórico con los regímenes autoritarios ha tenido consecuencias que llegan hasta nuestros días.

 

De las 20 naciones que conforman al subcontinente 10 tienen hoy a un militar al frente de sus respectivas secretarías de defensa y 10 a un civil. Entre los que han optado por un mando castrense están Brasil, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela y México. Contrastan por la titularidad civil sobre las Fuerzas Armadas latinoamericanas Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, Nicaragua y Uruguay.

 

En este contexto vale decir que solamente Guatemala y México tienen cerrada la puerta legal para que un civil sea secretario de la defensa.

 

El debate sobre el trasvase definitivo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa no sería tan problemático si en México, como en la inmensa mayoría de las naciones democráticas, la titularidad de esa dependencia recayera sobre una persona civil. Es decir, si se civilizara al mando militar. Sin embargo, lo que se está proponiendo en nuestro país es militarizar al mando civil. Eso es autoritario desde cualquier lugar que se le mire.

 

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