Luis Sigfrido Gómez Campos
Es indudable que nos encontramos frente a un hecho político de suma trascendencia. La consulta popular sobre la revocación de mandato del presidente es algo inédito. Sin embargo grandes nubarrones amenazan con ensombrecer el histórico acontecimiento.
Las duras críticas a la parcialidad del árbitro constituyen un duro golpe para la democracia mexicana. No obstante que el actual Instituto Nacional Electoral INE fue el órgano que realizó el proceso electoral que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador, el mismo presidente se ha encargado de acusar a sus funcionarios de ser un factor antidemocrático que enrarece la transparencia de los procesos electorales en nuestro país.
Sin árbitro imparcial no hay juego democrático. Basta con que un solo actor político no esté de acuerdo en cuanto la honestidad e imparcialidad de los integrantes del órgano que organiza las elecciones para manchar todo proceso de su actuación. Es un presupuesto lógico indispensable de toda democracia: contar con árbitros confiables.
El principal desacuerdo de los funcionarios del INE con el presidente de la república al parecer tuvo que ver con el hecho de que no se dejaron bajar los salarios. En la lógica del órgano independiente, no sujeto a las normas que rigen la actuación de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, los funcionarios electorales desacataron el principio rector de la 4T de que nadie debía ganar más que el presidente. Al parecer ahí se dio el gran quiebre. Después, vinieron las acusaciones de que los funcionarios electorales obedecían a intereses obscuros desde su designación y otras tantas cosas más que hicieron que se dudara de su honestidad.
Ahora se está pensando en una gran reforma que modifique de tajo, entre otras cosas, el proceso de designación de los consejeros electorales. Parece ser que la idea es que se postulen al cargo y pasen por un filtro de designación popular; es decir, que lleguen al cargo a través del voto popular. Pasaría a segundo término la capacidad técnica y profesional de los consejeros. Con que pudieran ser populares bastaría.
Si fuera cierto que el actual Consejo General del INE ha realizado acciones para que la revocación de mandato no sea un éxito, constituiría un hecho contra natura; es decir, ajeno totalmente a la naturaleza del órgano que fue creado precisamente para realizar elecciones.
Obviamente los funcionarios del INE niegan toda acción de entorpecimiento de sus funciones primordiales. Pero el clima de nuestra democracia está tan dañado que al parecer solamente una gran reforma electoral en la que se pusieran de acuerdo todos los actores, devolvería el prestigio que necesita el árbitro para hacer funcionar correctamente nuestra magullada democracia.