Biol. Ricardo Alejandro Sauno Contreras
Panorama Ambiental A.C.
El 5 de octubre del 2022 el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, declaró en la conferencia matutina del presidente Obrador (Comunicado No. 67) que los controles sanitarios en alimentos es uno de los obstáculos en el plan para combatir la inflación (Paquete Contra la Inflación y la Carestía –PACIC–). Obrador va a pasar la responsabilidad sobre las importaciones a las empresas productoras y distribuidoras, otorgando la Licencia Única Universal.
Se pretende que unidos Gobierno, productores y tiendas de autoservicio puedan disminuir al 8% el precio máximo promedio de la canasta básica de 24 productos, que de acuerdo al gobierno obradorista ronda entre 1,129 a 1, 039 pesos promedio.
Con efecto de competencia desleal, aunque “deseemos” productos argentinos “precozmente”, los controles sanitarios no son un tema a discusión hablando de salud pública, por poner un líquido ejemplo.
Hay que sumar a esa decisión la crisis sanitaria debida a la pandemia COVID; Hacienda debe recordar que el origen del brote fue por consumo de alimentos contaminados.
Eximir de todo trámite, permiso e impuestos para las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para su envase, contraviene en absoluto los del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (SENASICA) y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Pretender que a esas empresas importadoras se le confíe la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplan con las normas sanitarias, de inocuidad y calidad a cambio de no subir los precios es francamente absurdo.
La inocuidad de los alimentos no tiene precio, debe evitarse prescindir de tal condición en la supuesta mejora de la economía. Otros sectores se han descuidado en el sexenio obradorista y ellos influyen negativamente en todos los demás.
La seguridad pública se ha ido por los suelos en números expuestos por el mismo gobierno obradorista; tema apremiante del que debe encargarse pues presiona en gran medida las miras inversoras y emprendedoras.
Las denuncias de alertas sanitarias ahora se verán entorpecidas pues deben conducirse a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), quien, según las recientes disposiciones, va a tener autoridad, facultad de fiscalización y sanción.
Si el inconveniente es económico ¿por qué combatir problemas que se pueden prevenir? En la práctica, nada garantiza que las denuncias procedan contra empresas extranjeras por otro lado.
El Lineamiento General de los Sistemas de Reducción de Riesgo de Contaminación en la Producción Primaria de Vegetales menciona que la producción y comercialización de alimentos en la globalización de la economía ha crecido exponencialmente en cantidad como en diversidad, siendo el valor de las exportaciones agroalimentarias de 32 571 millones de dólares al año, ocupando México un alto nivel de competitividad en el mercado nacional e internacional.
La lógica nos dice que, si la seguridad fuese un compromiso llevado a la realidad, así como la educación, la salud y cultura, la soberanía alimentaria y sostenibilidad de actividades económicas serían consecuencias, actividades que deberían ser amigables con el medio ambiente incluso.